lunes, 15 de enero de 2018

Salgado, Campa y aquel 10 de mayo del que España no se ha recuperado

Las consecuencias emergen ahora, una década después, y suponen un cambio de paradigma en todos los ámbitos. El país ha mutado. También la sociedad y los partidos que la representan 



Foto: Elena Salgado y José Manuel Campa, en una foto de archivo en la sede del Ministerio de Economía cuando formaban parte del Gobierno de Zapatero. (EFE)

AUTOR NACHO CARDERO

 “En aquellos momentos me puse del lado de Solbes. Ahora es distinto. No me ha gustado lo que escuché en el Congreso. Ha sido de una deslealtad tremenda con Zapatero”, se lamenta un exministro de aquella época. “Era el vicepresidente, el responsable de Economía. Es cierto que Zapatero a veces no escuchaba, pero Solbes estaba allí, con nosotros, en el Consejo de Ministros, y se podía haber plantado. No lo hizo”, sentencia. 

 “Lo contrario me ocurre con Salgado: nunca tuve con ella una relación de confianza como la que pude tener con Solbes, pero reconozco que se comportó muy correctamente durante su comparecencia. Especialmente con quien la aupó al cargo…”, continúa.

 “Otra cosa bien distinta es si entramos en su actuación y lo que ocurrió aquel 9 de mayo de 2010. Salgado ejercía de presidenta del Ecofin en aquella reunión. Podía haber hecho mucho más de lo que hizo. Estábamos en un callejón sin salida, pero lo podía haber manejado de otra forma, ejerciendo el poder que ostentaba entonces”, explica el exministro socialista, testigo directo de la crisis. “Jamás se me olvidará. Fue el peor día de mi carrera”.

 Veinticuatro horas después, el 10 de mayo, Zapatero arriaba las banderas. Tras una semana negra en la que el euro se había desplomado, la deuda pública de los países periféricos ni siquiera servía para empapelar las paredes del Banco Central Europeo y la bolsa española se derrumbaba un 14% en cinco sesiones, el presidente del Gobierno anunciaba los ajustes económicos más dolorosos de la democracia. 

 Nada ha vuelto a ser igual desde entonces. Zapatero capitulaba ante Europa y aceptaba un sacrificio histórico, por no decir una humillación, del que España todavía no se ha recuperado. Tampoco el PSOE. 

 Zapatero a veces no escuchaba, pero Solbes estaba allí, con nosotros, en el Consejo de Ministros, y se podía haber plantado.

 No lo hizo Los últimos acontecimientos han venido a dar la razón a los expertos que auguraban que habría que esperar años para calibrar los efectos reales de la Gran Recesión de 2008, crisis solo comparable a la que tuvo lugar en 1929. Las consecuencias para España están emergiendo ahora, una década después, y suponen un cambio de paradigma en todos los ámbitos. El país ha mutado. También la sociedad y, con ella, los partidos que la representan.

 La comisión de investigación sobre la crisis financiera que está teniendo lugar en el Congreso de los Diputados resulta ilustrativa de todo ello. No tanto útil, pues sus conclusiones apenas servirían para calzar las mesas de la Cámara Baja, sino aclaradora de lo que ocurrió en aquellos años y de la frágil situación devenida para los dos partidos hegemónicos que se han repartido el poder, ya sea el PSOE o el PP, actualmente noqueados por las encuestas. 


Al margen de la depresión por la que atraviesa la socialdemocracia en toda Europa, el trauma de los socialistas en España va más allá y solo se entiende si uno escucha sin caerse de la silla a Solbes y Salgado. El primero, según él mismo reconoció, dejó hacer a Zapatero y miró hacia otro lado cuando el jefe de Ejecutivo se sacaba de la chistera ocurrencias tales que el Plan E o los cheques bebé. Tampoco puso coto a los desmanes políticos en las cajas.

 A Solbes le sucedió Salgado en el cargo, que, lejos de apagar el fuego, se encargó de echar más leña al mismo. Cuando se trata de atribuir responsabilidades a los protagonistas de la crisis financiera, apenas se mientan los nombres de Salgado o de su secretario de Estado, José Manuel Campa, cuando en realidad fueron ellos los que apretaron el botón rojo del desastre.

 Salgado aseguró contundente en la comisión que hizo "cero llamadas" para presionar a ninguna compañía ni entidad para que comprasen acciones en la salida a bolsa de Bankia. "Ni yo ni ninguna persona por encargo mío hizo una llamada […]. Si hay una persona que dice que yo la llamé, no es el eufemismo de que no diga la verdad, es que miente". Sin embargo, son muchos los medios que pueden atestiguar lo contrario, esto es, las presiones que recibieron para tratar de acallarlos con motivo de la OPV. Gobierno, partidos e instituciones argüían que se trataba de una cuestión de Estado. Cuestión de vida o muerte. Efectivamente, era de muerte.

 A la hora de atribuir responsabilidades, poco se habla de Salgado y Campa, cuando fueron ellos los que apretaron el botón rojo del desastre

 El PSOE todavía no ha podido sacudirse aquellos años negros y está por ver que pueda hacerlo en el futuro. El estigma persiste. El último sondeo de Metroscopia para 'El País' sitúa a los socialistas como tercera fuerza política, por detrás de Ciudadanos y PP, y sin visos de acercarse en el corto plazo. No están sabiendo (o no pueden) rentabilizar la caída de Podemos. 

 El Partido Popular, que tomó el relevo del PSOE, sorteó las voces que le pedían el rescate y está siendo capaz de crear más de 600.000 puestos de trabajo al año, tampoco escapa a estos aciagos pronósticos. Sus antiguas fortalezas han tornado en debilidade

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. (EFE)

¿El motivo? La recuperación de la economía no es percibida como tal por las familias. Las consecuencias de la Gran Recesión y de las políticas de recorte de gasto (‘austericidio’, lo denominaron algunos) a las que el PP tuvo que someter al país para su recuperación empiezan a percibirse como nocivas para su futuro electoral. Al fin y a la postre, y digan lo que digan las grandes cifras macro, el ciudadano vive peor que antes de la crisis. 

 Tras la engolada intervención de Rodrigo Rato, cuya soberbia solo resulta comparable a su codicia, comparecerá este martes Luis de Guindos, actual titular de la cartera. Guindos tiene argumentos de sobra para presumir de gestión, pero tampoco es ajeno al tsunami que se avecina. Por este y otros motivos, tiene la vista puesta en el Banco Central Europeo (BCE).

 El Partido Popular ha empezado a interiorizar que, por muy bien que lo haga, de aquí a 20 años la economía no será argumento ganador.

SENTENCIA DEL CASO PALAU

Caso Palau: cárcel para Millet, Montull y Osàcar y multa de 6,6M a Convergència. 

 La Audiencia de Barcelona ha condenado a nueve años y ocho meses de cárcel Millet, y a siete años y seis meses a Jordi Montull, su mano derecha, por el expolio en el Palau entre 2000 y 2009.


El expresidente del Palau de la Música Félix Millet en la última sesión del juicio. (EFE

ANTONIO FERNÁNDEZ. BARCELONA

 La Audiencia de Barcelona ha condenado a nueve años y ocho meses de cárcel a Fèlix Millet por el expolio del Palau de la Música mientras que Convergéncia, condenada por tráfico de influencias, deberá devolver los 6,6 millones que recibió en mordidas y que sirivieron para financiar de manera ilegal el partido. 

 El tribunal también condena al que fuera mano derecha de Millet en el Palau, Jordi Montull, a siete años y seis meses de prisión por malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública. Sobre su hija, Gemma Montull, pesa una condena de cuatro años y medio y el pago de una multa de 2,6 millones de euros. 

 Daniel Osàcar, extesorero de Convergència, también irá a prisión. La sentencia establece para él cuatro años y cinco meses de cárcel por un delito continuado de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad contable. Tiene que hacer frente a una multa de 3,8 millones de euros.

 La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, reconoce que CDC recibió 6,6 millones en comisiones irregulares a través del Palau de la Música Catalana que Ferrovial pagaba en concepto de patrocinios pero que llegaban al partido a cambio de adjudicaciones de obra pública. Esta sentencia llega ocho años y medio después de que los Mossos d'Esquadra irrumpieran por primera vez en el Palau de la Música y tras un juicio que ha durado cuatro meses y medio con 16 acusados y una cincuentena de sesiones

domingo, 14 de enero de 2018

La crisis financiera española 2008-2012: ¿Quién tuvo la culpa?

LOS PRINCIPALES RESPONSABLES, EN EL CONGRESO 

  Todavía no se han depurado las responsabilidades de la crisis que obligó a inyectar 122.000 M en la banca y a pedir el rescate. Todo el mundo echa la culpa a los demás.


Los exministros de Economía Rodrigo Rato y Pedro Solbes, en 2009. (EFE)

EDUARDO SEGOVIA 

 La victoria tiene muchos padres pero la derrota es huérfana, decía Napoleón. Y es lo que ocurre en el caso de la gravísima crisis financiera que vivió España desde 2008 y que desembocó en el rescate de 2012, con una inyección total de dinero público de 122.000 millones, de los que ya hemos perdido 60.700. Casi seis años después, por fin hemos podido escuchar en el Congreso las explicaciones de los entonces responsables de las instituciones. Y lo cierto es que han sido bastante sonrojantes. Con la excepción parcial de Pedro Solbes, todo el mundo echa la culpa a los demás. Como dijo uno de los miembros de la comisión que investiga la crisis, "esto es el pío, pío, que yo no he sido". Pero todos ellos, en mayor o menor medida, tienen parte de culpa.  

En el origen de la crisis, claro está, se encuentra la burbuja de crédito e inmobiliaria que estalló en 2008. Una burbuja que se había desarrollado desde finales de los 90 y que se aceleró en los años inmediatamente anteriores. Cuando comenzó, el ministro de Economía era Rodrigo Rato, pero este niega que hubiera ninguna burbuja antes de 2004, sino una "demanda embalsada de creación de hogares que se pudo satisfacer con la creación de empleo y el crecimiento del crédito fácil". A su juicio, fue el abandono por parte del PSOE de las reformas del PP —incluyendo la de las cajas—, la menor exigencia de provisiones a la banca y la politización del Banco de España lo que provocó el desastre.

 Su sucesor tras la victoria socialista, Solbes, reconoce su responsabilidad por no ser capaz de frenar "un tren que se iba acelerando y que no logramos desacelerar a tiempo". La quiebra de Lehman Brothers fue lo que le dejó sin margen. También admite que deberían haber sido más valientes para generar mayores superávits presupuestarios durante las vacas gordas y para meterle mano al desmadre de la gobernanza de las politizadas cajas de ahorros, aunque en este caso se escuda en el poder que tenían las comunidades autónomas sobre ellas.

  Ahora bien, el exvicepresidente olvida otras muchas medidas que no adoptó y que habrían evitado o, al menos, suavizado la crisis: podía haber cambiado las normas bancarias para restringir el crédito, haber buscado vías para que las cajas captaran capital, haber regado al sector con un 'manguerazo' de capital como hicieron los principales países europeos en 2009 o haber pactado una cúpula del Banco de España más independiente. O haber prohibido, como la venta de preferentes a clientes minoristas, y aquí Solbes sí echa la culpa a los demás: el Banco de España (BdE) y la CNMV. También podía haber explicado a Zapatero (en dos tardes, según la célebre frase de Jordi Sevilla) que era necesario tomar medidas. Ahora se queja de que no le hizo caso. Pero como el exvicepresidente considera "irrelevante" quién tuvo la culpa, ancha es Castilla.

 MAFO y Segura echan balones fuera.

 No se puede dejar fuera de la lista de responsables al entonces gobernador del BdE, el socialista Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien compareció en esta comisión en noviembre. MAFO sí que dio una lección de echar la culpa a todo el mundo menos a sí mismo: los problemas ya estaban en las cajas cuando él llegó, se habían generado por los bajos tipos del BCE, el Gobierno no fue capaz de atajarlos por no inyectar suficientes recursos públicos en el sector, los gobiernos autonómicos no permitieron privatizar las cajas... ¿Y el Banco de España no podía hacer nada? "No, porque no tenía competencias". Pero claro que podía haber hecho muchas cosas, como exigir más provisiones para el ladrillo o recapitalizaciones, intervenir entidades inviables o haber hecho caso a sus propios inspectores cuando le alertaron del desastre (como les ignoraron, se dirigieron a Solbes... que tampoco les tomó en serio). Y, ya en el último momento, no forzar las fusiones de cajas como si de la unión de dos entidades enfermas fuera a salir una sana.

 El tercero en discordia es la CNMV, el otro gran supervisor, en este caso de los mercados. Su entonces presidente, Julio Segura, era el responsable de supervisar que las preferentes no se vendieran entre los particulares, según Solbes. Él responde que no lo hizo porque —¿lo adivinan?— no tenía competencias para ello. La pescadilla que se muerde la cola. Y la CNMV tampoco podía ir a los miles de sucursales bancarias a comprobar cómo se vendían estos productos. No consta que fuera a ninguna. De hecho, Segura presume de que "forzó la ley" para proteger a los inversores en este caso (puso unas advertencias en los folletos de 500 páginas que nadie se lee) y en el de la salida a bolsa de Bankia, donde contribuyó a bajar el precio. Algo que a la postre dio lo mismo porque Bankia no valía ni 3 ni 4 euros, sino cero (en realidad, -19.000 millones negativos).

 La sucesora de Solbes, Elena Salgado, admite que hubo "errores", pero asegura que la crisis española fue consecuencia de la crisis financiera internacional, de los rescates de Grecia e Irlanda y de los malvados mercados. Y, en general, está convencida de que la mayor parte de las decisiones de Zapatero fueron acertadas, incluyendo el Plan E (que critica ahora hasta el propio Solbes), porque contribuyeron a "preservar el futuro de España", nada menos. Respecto a su gran lunar, la OPV de Bankia, se llama andana: asegura que Guindos miente cuando dice que "fue una cuestión de Estado, se forzaron voluntades y se hizo que los supervisores mirasen para otro lado" e incluso niega que el Gobierno y el BdE llamaran al resto de la banca para que acudiera a la colocación, en contra de los múltiples testimonios de esta práctica, que denunció El Confidencial. 

Bankia: el único inocente fue Rato, según Rato

 ¿Y quién tuvo la culpa del desastre de Bankia, el elefante en la habitación de la crisis financiera? Todo el mundo menos su presidente, Rodrigo Rato. Al menos, eso es lo que él dice. La responsabilidad fue de MAFO por obligar a Caja Madrid a fusionarse con Bankia, de Guindos por sembrar el pánico sobre la banca española y disparar la prima de riesgo al decir que le faltaban 60.000 millones, de Deloitte por auditar mal las cuentas, de la EBA (Autoridad Bancaria Europea) por aprobarles en los test de estrés... Pero de Rato no. Si hasta dejó la entidad con un 'rating' más alto que el anterior. Entonces, ¿por qué hubo que inyectarle otros 19.000 millones? A él que le registren; eso es cosa de su sucesor, José Ignacio Goirigolzarri. 

 Es decir, no hacía falta ni mucho menos ese dinero para arreglar el desaguisado. "Nunca consideré que fuera necesario ese dinero para sanear Bankia. Si se quería tener el banco más capitalizado de España, es otra cosa. El que lo diseñó, que lo explique". ¿Por qué no era necesario? Pues porque no había tal desaguisado. "No es que las cosas se hicieran mal y que la culpa fuera del Banco de España, es que estaban bien hechas porque así lo certificaba el Banco de España". Por tanto, la reformulación de las cuentas de 2011 que realizó Goirigolzarri para reflejar enormes pérdidas es "ilegal".

 Linde, Restoy, Carrascosa y Guindos 

En esta relación de culpables falta el sucesor de MAFO en el Banco de España, Luis Linde, quien fue el primero en comparecer en esta comisión y cargó contra MAFO y Solbes diciendo que podían haber hecho más para frenar la burbuja de crédito y haber actuado antes cuando estalló la crisis. También debe figurar Fernando Restoy, un personaje que fue segundo de Segura en la CNMV y de Linde en el BdE. También compareció en diciembre y, sorpresa, dijo que la CNMV no tenía competencias para prohibir la venta de preferentes y que la información pública en la salida a bolsa de Bankia no permitía adivinar que las cosas iban a acabar como lo hicieron. Y el gran olvidado de la comisión, Antonio Carrascosa, responsable de vender las cajas nacionalizadas con ingentes pérdidas para el contribuyente.

 El próximo martes comparecerá el último de esta lista, Luis de Guindos. Aunque es fácil adivinar cuál será su argumentación: él heredó el enorme problema de las cajas a quien nadie se había atrevido a meter mano y, dados los extremos a los que había llegado, que ponía en peligro incluso la pertenencia de España al euro y que el país tenía que financiarse a un coste disparado, no le quedó más remedio que pedir el rescate. Por supuesto, toda la culpa fue de Zapatero, de MAFO y de Segura, la salida a bolsa de Bankia fue un disparate provocado por el Gobierno, y Rato estaría más guapo calladito.

Estos son los cinco ministros que el PP quiere que se vayan a su casa

En esa lista están Cristóbal Montoro, Juan Ignacio Zoido, Rafael Catalá, Íñigo de la Serna y Méndez de Vigo. Algunos incluyen también a Sáenz de Santamaría


Cristóbal Montoro y Juan Ignacio Zoido en el Senado. (EFE

 AUTOR: FEDERICO QUEVEDO

 Pero Mariano Rajoy, no quiere. Es, en estos momentos, el principal campo de batalla en el partido que sustenta al Gobierno. Mientras en Génova 13 analizan con lupa las encuestas y las consecuencias de lo ocurrido el 21-D en Cataluña, en la Moncloa hacen como que no pasa nada. "Es la foto fija de un momento concreto", decía el viernes el portavoz Íñigo Méndez de Vigo en referencia a la encuesta publicada por 'El País' según la cual Ciudadanos ya sería primera fuerza política en España por delante del PP.

 Es verdad, no le falta razón, y probablemente unas elecciones podrían ofrecer un resultado distinto. Pero es una tendencia que además se ha confirmado en Cataluña, donde Ciudadanos ha arrasado con el PP. Lo que dicen en Moncloa es que el partido naranja se ha hecho con el voto útil del constitucionalismo en unas elecciones muy polarizadas, pero que eso no se tiene por qué trasladar al resto de España. Sin embargo, la lectura que hacen otros dirigentes del PP más pegados al terreno es la de que, si bien eso puede ser cierto, también lo es que Ciudadanos está recogiendo el voto del descontento con el Gobierno de Rajoy, y que esa tendencia crece cada día que pasa sin que el Gobierno reaccione ni mueva ficha. 

 En el PP se señala a la propia vicepresidenta del Gobierno como una de las responsables del deterioro de imagen del Gobierno.

 "Puede que ahora todavía ganáramos unas elecciones, con un resultado incluso peor que el de diciembre de 2015, pero ganándolas al fin y al cabo… Pero a lo mejor dentro de unos meses eso ya no es posible", dicen algunas fuentes de este partido, donde la preocupación crece exponencialmente a los datos de las encuestas. Y es que las propias, las que encarga cada cierto tiempo el mismo partido, vienen a decir algo parecido. De ahí que mientras Mariano Rajoy sigue impertérrito como si no pasara nada, convencido de que los datos de empleo bastan para ganar unas elecciones, en el PP empiezan a preguntarse si no sería conveniente un cambio de Gobierno, una crisis del Ejecutivo, que ayudara a limpiar la mala imagen que el actual gabinete tiene en los sondeos de opinión.

 En el PP se señala a la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como una de las responsables del deterioro de imagen del Gobierno. Sáenz de Santamaría lleva desaparecida desde las elecciones catalanas del 21-D, sin dar la cara en ningún acto público. Su última aportación personal en su perfil de Twitter es del pasado 18 de diciembre, aunque el viernes rompió su largo silencio en las redes sociales —en las que habitualmente es bastante activa— para informar de que se celebraba el primer Consejo de Ministros del año.

Pero, hasta ese momento, su equipo solo se había dedicado a hacer retuits de otros miembros del Gobierno y del propio perfil de Moncloa. Este silencio —parecido al del líder de Podemos, Pablo Iglesias— evidencia que Sáenz de Santamaría ha salido tocada de la crisis catalana, pero aun así en el PP no se la incluye en la lista de miembros del Gobierno que deberían dejar de serlo, quizás porque todavía se tiene temor a su poder y porque se sabe con certeza que, a pesar de todo, sigue contando con el respaldo firme de Mariano Rajoy. 

 Pero sí se señalan a otros ministros que, en opinión de destacados líderes del partido, harían bien dejando paso a nuevas incorporaciones que ofrezcan una mejor imagen ante la opinión pública. En esa lista están, sobre todo, cinco ministros: el de Hacienda, Cristóbal Montoro, un veterano ya de las quinielas en las crisis de Gobierno; el de Interior, Juan Ignacio Zoido, el de Justicia, Rafael Catalá, que ya han sido reprobados por el Parlamento; el de Fomento, Íñigo de la Serna; y el otro Íñigo, el ministro de Educación y Portavoz, Méndez de Vigo. 

 Pero lo cierto es que igual que se hace esa quiniela de posibles ceses, en el PP se es consciente de las enormes reticencias de Mariano Rajoy a hacer cambios. Solo confían en que aproveche la oportunidad que le daría la marcha del ministro de Economía, Luis de Guindos, a Bruselas esta primavera para, si se confirma, acometer algo más que un mero ajuste en el Ejecutivo. Sin embargo, la experiencia dice que Rajoy no es amigo de tomar decisiones y menos de ese tipo y, mientras tanto, el PP seguirá viendo cómo se desgasta en las encuestas y su electorado huye a Ciudadanos en desbandada. Y una vez que el éxodo ha empezado, ya es imparable.

sábado, 13 de enero de 2018

La treta de la Junta de Andalucía para que sus funcionarios trabajen menos

Contabilizará como horas laborales cursos online y otras actividades particulares.


La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz | EFE 

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 El Tribunal Constitucional ha obligado a la Junta de Andalucía a volver a aplicar la jornada de 37,5 horas semanales a los funcionarios de la región. Anteriormente, el Gobierno presidido por Susana Díaz aprobó una jornada laboral de 35 horas semanales que, ahora, ha sido desestimada por la Justicia. Por eso, desde la Junta han aceptado la resolución judicial, pero han buscado nuevas alternativas para posibilitar que los funcionarios trabajen menos horas.

 De esta manera, la Administración andaluza ha publicado un catálogo de actividades que sirven para justificar horas de trabajo fuera del horario presencial. Es decir, que el personal de la Junta puede seguir trabajando esas 35 horas semanales y justificar las dos y horas y media restantes con diversas actividades, como, por ejemplo, cursos de lo más variopintos. 

 El curso que más llama la atención es uno que profundiza en los conocimientos del "mindfulness", meditación de raíces budistas, por el cual los trabajadores públicos podrán justificar 30 horas de trabajo fuera del tiempo presencial. Pero no es el único. Los funcionarios también pueden realizar un curso de liderazgo personal y justificar 18 horas e incluso uno que lleva por título "lenguaje claro para comprender y hacernos entender", y que convalida 10 horas laborales.

 Otros cursos con carácter más formativo son el destinado a conocer la "gestión de los programas de fondos europeos en Andalucía", que equivale a 18 horas de trabajo, o uno destinado a profundizar en el "régimen jurídico del personal al servicio de la administración de la Junta de Andalucía", que equivale a 40 horas laborales.

 Estos cursos solo están disponibles para la administración general, el sector sanitario y la administración paralela. De esta manera, quedan excluidos los funcionarios dependendientes del Ministerio de Justicia y los que pertenecen al sector de la enseñanza.

 La formación la pueden realizar a través de internet, en una plataforma creada por el Instituto Andaluz de la Administración Pública (IAAP). Por otro lado, si los funcionarios se matriculan en un grado universitario, un máster, un curso de especialización o asisten a un congreso podrán descontarse 90 horas laborales. Además, no es necesario aprobar el curso, solo matricularse en él. Y, por su fuera poco, la matrícula universitaria estará bonificada al 99%.

'El País' dispara a Ciudadanos como partido más votado cuatro puntos por encima del PP

La nueva encuesta de Metroscopia para El País encumbra a Cs como el partido más votado con 4 puntos de ventaja sobre el PP y más de 5 sobre el PSOE.




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El País publica este viernes un nuevo sondeo de intención de voto elaborado por Metroscopia en el que se reflejaría por primera vez el sorpasso de Ciudadanos no sólo al PSOE, sino también al PP.

 Un adelantamiento en toda regla porque, además, los de Rivera no sólo serían el partido más votado sino que abrirían un hueco bastante serio sobre sus perseguidores: mientras Ciudadanos estaría ya en un 27,1% de intención de voto el PP se quedaría casi cuatro puntos por detrás, en un 23,2% y el PSOE cerca de seis, con un 21,6%.

 La encuesta supone una brutal subida de Ciudadanos desde el anterior sondeo de intención de voto a nivel nacional publicado por el periódico de Prisa en noviembre pasado: el partido naranja habría subido cuatro puntos y tres décimas en dos meses, justo lo contrario que los populares, que en este plazo caen cuatro puntos.

 El PSOE, por su parte, pierde un punto, mientras que Podemos se recupera levemente para pasar del 14,7% que tenía en noviembre a un 15,1% ahora, muy lejos aún de los otros tres grandes partidos. 

 El País no ofrece en su información la ficha técnica de la encuesta, así que no es posible saber ni el número de entrevistas con las que se ha contado ni las fechas en las que se han realizado éstas. 

 Tampoco se hace una proyección de escaños, si bien lo que queda fuera de toda duda teniendo en cuenta los datos de sondeos anteriores es que Cs y PP contarían con una supermayoría absoluta ya que sumarían 14 puntos más de intención de voto de ventaja sobre la suma de PSOE y Podemos. Además, tampoco es descartable que un acuerdo entre los de Rivera y los de Sánchez los situase muy cerca de la mayoría absoluta o incluso por encima de la cifra mágica de los 176 escaños.

Boadella, el presidente en el exilio de Tabarnia

La comunidad autónoma se presentará oficialmente el martes con un discurso vía plasma del dramaturgo represaliado por el nacionalismo.


Tabarnia ya tiene máxima autoridad. Albert Boadella  EFE

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 El dramaturgo Albert Boadella es el primer presidente de Tabarnia, un presidente acosado por el régimen nacionalista y que tuvo que exiliarse de Cataluña e instalarse en Madrid a causa del proceso de muerte civil al que fue sometido por sus irreverentes obras sobre Jordi Pujol y los estragos del nacionalismo.

 A mayor abundamiento, Boadella estará presente en la presentación oficial de Tabarnia, que tendrá lugar el próximo martes en el Colegio de Periodistas de Barcelona. Será a la manera de Puigdemont, vía telemática, con un mensaje oficial a la incipiente pero pujante nación. Durante el acto se llevará a cabo una conexión con el presidente de Tabarnia y se informará de los próximos pasos de la plataforma. Pura parodia de lo que pretende llevar a cabo el expresidente regional con su investidura telemática o por persona interpuesta y parodia también del exilio bruselense.

 Los otros protagonistas de la convocatoria serán Jaume Vives, el impulsor del balcón de la resistencia, cabeza visible de la contrarrevolución de las sonrisas y portavoz oficial de Tabarnia, así como el comunicador y profesor Joan López Alegre, alias "el catalán tranquilo" que trae por la calle de la amargura a Pilar Rahola cada vez que coinciden en las tertulias, y Miguel Martínez, uno de los padres de la patria. 

 Tabarnia es mucho más popular en los medios internacionales que la república catalana, a pesar de las grandes sumas de dinero dilapidadas por los gobiernos de Mas y Puigdemont en "actividades diplomáticas". También genera más circulación en las redes sociales. Su bandera y escudo son reconocidos en todo el mundo y su presidente tiene una trayectoria de oposición al franquismo y en defensa de las libertades de la que carecen por completo los líderes separatistas. 

 Los promotores de Tabarnia explicarán el martes las acciones que pretenden realizar para que el presidente tabarnés puede retornar a Cataluña, al menos a la franja litoral, sin temor a las represalias del régimen nacionalista

El PP, en estado de alarma, pide a Rajoy medidas urgentes para frenar a Cs

Méndez de Vigo aprovecha para criticar a “Cs” en la comparecencia del Consejo de Ministros cuando le preguntan por la encuesta de El País.


Rajoy despacha con Santamaría durante el Consejo de Ministros 

| Diego Crespo. 

 El PP, en estado de alarma, espera ya el plan de Mariano Rajoy para frenar el meteórico ascenso de Ciudadanos. El lunes, el presidente reunirá a la Junta Directiva Nacional, que es el máximo órgano entre congresos de la formación al que acuden más de medio millar de cargos. La última encuesta de El País, que da al partido naranja como ganador en caso de elecciones generales, provocó el pánico en las filas populares. "Aunque pueda estar inflada, la tendencia está ahí y hay que tomar medidas lo antes posible", en palabras de un barón autonómico. 

 El entorno del presidente trató de mantener la calma. Fuentes de la dirección nacional destacaron el efecto Cataluña, tan beneficioso para Ciudadanos, y recordaron que, en ocasiones anteriores, al PP siempre le fue mal en los sondeos pero después acabó ganando elecciones. Además, precisaron que Rajoy no tiene ninguna intención de adelantar las generales. "No me planteo otro escenario que agotar la legislatura", según sus propias palabras.

 Dicho esto, en Génova dijeron ser conscientes de que hay que recuperar de una vez por todas la iniciativa política después de una semana muy complicada en la que la contestada gestión del temporal de nieve y los dardos de Rodrigo Rato contra el Ejecutivo han noqueado al partido. Y, en este sentido, Rajoy podría anunciar este lunes la celebración de una convención nacional para tomar impulso además de que se vayan a celebrar otros actos de partido. Fernando Martínez-Maillo ya evidenció que, a partir de ahora, no dejarán pasar ni una a los de Albert Rivera.

 Los populares, mientras tanto, aguardan impacientes. Hasta la fecha, uno de los argumentos de los portavoces del PP cuando les preguntaban por las encuestas es que no había ni una sola de las publicadas que no diera a Rajoy como ganador. Pero esto cambió este viernes con el sondeo del El País. "Hay que tenerlo en cuenta. Habrá que estudiar el contenido pero hay una tendencia y tenemos que ver cómo contrarrestarlo", admitió un miembro de la propia dirección nacional. 

 Si Rajoy resiste sin adelantar las generales, las primeras elecciones a las vista serán las autonómicas y locales en 2019. Y los barones consultados por este diario, aunque admiten que sus estructuras son mucho más fuertes que las de Ciudadanos, se muestran muy preocupados y piden medidas urgentes como empezar ya a designar los candidatos. Y de peso. "Visto el escenario, no podemos andarnos con tonterías", según un líder regional. Para Madrid, las fuentes consultadas sitúan a Soraya Sáenz de Santamaría o a Pablo Casado, como ya publicó este diario. Para Valencia, cargos del PP en la región instan a Rajoy a que convenza a Esteban González Pons, hoy al frente de la delegación popular en Bruselas.

 Más autocrítica, mejor comunicación y recuperar las tradicionales banderas del PP son algunas de las reclamaciones más escuchadas, en privado, por cargos populares. Si bien, también se empieza a lanzar un aviso directo a Rajoy. "Hasta la fecha, Moncloa y Génova no se han casado de repetir que Mariano es nuestro nuestra mayor baza electoral, pero, a día de hoy, las encuestas empiezan a ponerlo en duda", según un veterano parlamentario. Además, se repiten una vez más las críticas contra Pedro Arriola, sociólogo que sigue teniendo una gran influencia en el jefe del Ejecutivo.

 Al término del Consejo de Ministros, Íñigo Méndez de Vigo restó importancia al resultado de la encuesta de El País. "Son una foto fija de un momento determinado", sostuvo. "Las cosas cambian en la vida", añadió, no sin confiar en que la acción del gobierno, que definió como "lenta pero inexorable", sea valorada en su "globalidad" al final de la legislatura.

 Lo más llamativo, en todo caso, es que utilizó la pregunta de la periodista para cargar contra el partido naranja, al que denominó "Cs" recordando a cuando Carlos Floriano, para no decir Ciudadanos, hablaba de "Ciutadans". En concreto, Méndez de Vigo barruntó sobre qué pensarán sus votantes cuando "han abandonado cualquier voluntad de gobernar en Cataluña". "Han arrojado la toalla", denunció, al tiempo que también criticó que Inés Arrimadas no ayude al PP a tener grupo propio en el Parlamento autonómico. Argumentos utilizados durante toda la semana por los portavoces del PP.

Rivera, el azote de la izquierda

El líder de Ciudadanos, convencido de poder fagocitar al PP tras su giro hacia el liberalismo del último año.


El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. | EFE 

El pasado trece de diciembre, Albert Rivera abandonaba la fiesta navideña anual de premios de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, en el Hotel Palace de Madrid, sin quedarse a las copas y, por segundo año consecutivo, con las manos vacías. Tampoco esta vez los informadores le habían elegido Mejor Orador, premio que si en 2016 recaía en Mariano Rajoy, esta vez le tocaba al portavoz del PNV, Aitor Esteban.

 Su fracaso era idéntico en otra de las categorías, la de Azote de la Oposición, en la que era el único diputado nominado no perteneciente al PP y en la que se imponía el propio Rajoy. Sin embargo, y en contra de lo que muchos de los asistentes a la fiesta se maliciaban, el líder de Ciudadanos no hubiera recibido como un regalo envenenado esa distinción, sino todo lo contrario.

 Lejos de pensar que hubiera quedado como un ‘mamporrero' del Gobierno, Rivera ansiaba el premio, tanto, al menos, como el de Mejor Orador, en la creencia de que le hubiera ayudado a ser visualizado como el hombre que mete en vereda al bloque de la izquierda.

 En el terreno del PP 

Lo relatado, aun anecdótico, pone de manifiesto hasta qué punto la estrategia naranja pasa, casi un lustro después de su definitiva expansión nacional que comenzó a gestarse en la gira de Movimiento Ciudadano por toda España -dando a conocer por todos los rincones de la geografía nacional un manifiesto regenerador elaborado por el hoy portavoz parlamentario, Juan Carlos Girauta- por presentarse ante la sociedad española como el partido que puede sustituir al PP en el amplio espectro liberal conservador. 

 A principios de febrero se cumplirá un año desde que Ciudadanos abandonase, en su cuarta Asamblea General celebrada en la localidad madrileña de Coslada, la socialdemocracia que hasta entonces, por obra y gracia de uno de sus principales fundadores, el constitucionalista Francesc de Carreras, era una de sus señas de identidad, blandida por Rivera y los suyos cada vez que alguien trataba de colocarles en "la derecha". El líder del partido y con él toda su grey pasaron casi sin solución de continuidad a abrazar el credo de "los liberales Cádiz" como dijo el propio Rivera en Coslada, inaugurando la nueva etapa de su partido. 

 Un liberalismo que encaja con la familia política europea de Ciudadanos, la que representa el grupo ALDE en la Eurocámara; con la filosofía del gurú económico naranja, Luis Garicano, cuyas recetas llevan en el día a día los diputados Toni Roldán y Francisco de la Torre y con el alineamiento parlamentario de Ciudadanos, cada vez más lejos de una izquierda con la que, como en el caso del PSOE, llegó a alcanzar hace apenas dos años un acuerdo de Gobierno para la finalmente fallida investidura de Pedro Sánchez.

 Contra la izquierda y a favor del comercio en el Congreso 

En el año y medio que va de legislatura, Rivera ha cogido el toro por los cuernos de determinados debates que le sitúan como la voz del liberalismo español. Así, cuando ejerció como portavoz de su grupo en el debate sobre el CETA, el acuerdo comercial sobre Canadá, suscitado por el rechazo al mismo de Podemos. 

 En la tribuna del Congreso de los Diputados, el presidente de Ciudadanos habló, citando la obra del filósofo Antonio Escohotado, de "los enemigos del comercio" mientras la bancada morada se revolvía en abiertos menosprecios a su figura, tratando de ridiculizarla. 

 También ha destacado la postura contraria de Ciudadanos a la Renta Básica, otro de los debates de fondo llevado al hemiciclo por la izquierda, en este caso por el PSOE. Al igual que el propio Roldán no ha tenido reparo en comparecer conjuntamente con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para dar cuenta del complemento salarial para jóvenes, la medida alternativa a esa Renta Básica y una de las cruzadas particulares del equipo económico naranja, basada en una ayuda similar que, a su juicio, ha obrado el milagro de sacar de la pobreza a millones de personas en EEUU. 

 El ring electoral contra el PP 

En cuanto a la estricta batalla electoral, las elecciones catalanas del 21-D ponen de manifiesto hasta qué punto Ciudadanos, como ahora afirman también algunos institutos demoscópicos, es la principal amenaza electoral que afronta el PP. Si bien es cierto, y a ello se ha agarrado el propio Mariano Rajoy recientemente, que el elector catalán es experto en votar de manera muy distinta según los comicios sean generales, autonómicos o municipales.

 No le falta razón al presidente del Gobierno, al menos con los datos empíricos conocidos hasta ahora, si observamos cómo el mismo Ciudadanos que ha ganado ahora, tiene dificultades para obtener un resultado incluso bueno en las elecciones generales en las cuatro provincias catalanas, donde la confluencia de Podemos se alzó ganador en 2015 y 2016, o no tiene una sola alcaldía digna de mención en esa comunidad autónoma.

 La escasa implantación municipal del proyecto naranja no es exclusiva de Cataluña y Rivera trabaja en paliarla de aquí a la primavera de 2019. Por un lado, el líder naranja confía en la experiencia adquirida la vigente legislatura en la oposición en grandes capitales y ciudades, así como en cursos de formación de candidatos que se van a llevar a cabo en 2018. Y por otro, no es ningún secreto que las aspiraciones son altas en lugares como Madrid, con uno de los rostros visibles más carismáticos del partido, Begoña Villacís, Barcelona, a tenor de la victoria en diciembre, o Valencia y Murcia, sitios donde el predicamento naranja es cada vez mayor. En el caso de la capital de España se confía en que el relevo, no resuelto aún, en el PP, visualice a Villacís como la verdadera alternativa al Gobierno de Manuela Carmena.

 Cambios en las candidaturas naranja 

Tanto en las municipales como en las autonómicas, y en las europeas que coincidirán en fecha, la elección de candidatos se cuidará con esmero. No es ningún secreto que nombres como el de Toni Cantó en Valencia o el de Felix Álvarez, ‘Felisuco’ en Cantabria están sobre la mesa, así como el del asturiano Ignacio Prendes, vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, para el Principado. En cuanto al Parlamento Europeo, se da por descontado que no repetirá Javier Nart y se barajan ya otras opciones.

 No parece casual, dentro de esta redefinición del posicionamiento ideológico de Ciudadanos culminaba este pasado 2017, que haya sido el año en el que Rivera, por primera vez, haya admitido con naturalidad su paso juvenil por las Nuevas Generaciones del PP, un asunto hasta ese momento tabú en el partido. Fue en el programa de televisión de Bertín Osborne donde se produjo esa asunción de su pasado, que ahora parece no chirríar en su cartel electoral.

 Pero pese a todo lo dicho, en el cuartel general naranja son cautos a la luz de la experiencia. Tienen bien presente el sambenito de ser un partido que aparece mejor en la foto de las encuestas que luego en las urnas, donde de momento ni siquiera ha llegado nunca al 15% de voto, porcentaje mínimo a partir del cual se puede aspirar a grandes cosas en la política nacional.

 Otro de los aspectos que se trabaja con denuedo, como prueba el próximo encuentro de Rivera con el ex primer ministro italiano, Mateo Renzi, es en la agenda internacional del líder naranja. Una estrategia que pasa por visualizar su sintonía con el presidente francés, Emmanuel Macron, hasta ahora el más exitoso representante en el viejo continente de la síntesis del "liberalismo progresista" que Rivera aspira a franquiciar en España. Todo con el objetivo de dar un sorpasso sobre el PP, que hasta hace poco hubiera sido considerado mera ciencia ficción política.

RAJOY, EN VÍSPERAS DE UNA ENCUESTA DEMOLEDORA: 27,1% DEL VOTO PARA CIUDADANOS; 23,2% PARA EL PP









La cachaza habitual que preside la actividad monclovita se ha alterado hoy por las noticias filtradas de encuestas demoledoras que cuartean la posición del Partido Popular tanto para las elecciones autonómicas y municipales como para las generales.

 A pesar de la cercanía de El País con Soraya Sáenz de Santamaría, temen en Moncloa que el periódico se despache con una encuesta que arrasa al Partido Popular, tras la debacle sufrida en Cataluña. En el CNI empiezan a recopilar datos similares. Y no es que Ciudadanos recorte distancias con el Partido Popular. Es que Albert Rivera roza a Mariano Rajoy. Incluso hay una encuesta de Metroscopia, a la que me he referido antes, en la que le sorpassa: 27,1% del voto para Ciudadanos y 23,2% para el Partido Popular.

 Pedro J. Ramírez se ha despachado ya con la información de un sondeo según el cual el Rajoy de los 186 escaños de 2011, el de los 137 escaños de 2016, se queda en 97, mientras Ciudadanos se encarama en los 86. 

 Algunos dirigentes del PP, que mantienen los pies sobre la realidad, consideran que es necesario abandonar la pasividad, dejar a un lado la posición defensiva y salir abiertamente al ataque electoral. Se necesitan cuadros jóvenes, nombres renovados y no contaminados, y presentar la cara más positiva del PP, enviando al desván del olvido a gentes que hicieron tal vez una gran labor pero que están amortizadas.

 Si las encuestas que se avecinan responden a la realidad y se equilibran los escaños entre el Partido Popular y Ciudadanos, el número de votantes para que el PP consiga un escaño se duplicará sobre los que necesitó en el año 2011. Y la mayoría prevista hace un par de meses con la suma de diputados de ambos partidos de centro derecha se quedará lejos de la absoluta. Se comprende, en fin, la preocupación que embarga a los máximos responsables monclovitas, tras el estrepitoso desastre de las elecciones catalanas. 


 Luis María ANSON 
de la Real Academia Española

martes, 9 de enero de 2018

CIUDADANOS Y PARTIDO POPULAR: GUERRA SIN CUARTEL



Salvo alguna aislada excepción, los partidos políticos españoles ponen su propio interés por encima del interés general. Ahí está la explicación del desprecio ciudadano por su clase política, tal y como revelan, mes tras mes, desde hace quince años, las más solventes encuestas. Los partidos políticos, que deberían significar la solución de los problemas de España, se han convertido en el tercero de los grandes problemas que agobian a los españoles.

 La crecida de Ciudadanos en las elecciones catalanas ha incendiado Génova y Moncloa. Frente a las merengosidades arriólicas de Mariano Rajoy, Albert Rivera ha izado la bandera de la unidad de España, sin veladuras ni debilidades. En Moncloa y en Ferraz temen que el éxito de Ciudadanos en Cataluña se contagie al resto de España. Dirigentes destacados del PP han exigido a Rajoy la modificación de su política, que recuerda a la de Martínez de la Rosa, aquel presidente del Gobierno al que la sagacidad popular llamaba Rosita la Pastelera. Incluso le han planteado una crisis de Gobierno y la eliminación de algunos ministros inefables o inertes, tal y como se recoge hoy en varios periódicos digitales.

 Seguramente los críticos del Partido Popular tienen razón. Pero Mariano Rajoy contestará dando largas. Ni aunque se forme una caravana de peperos ilustres que se pasen a Ciudadanos -se habla de Gabriel Elorriaga y Cayetana Álvarezde Toledo- el presidente del Gobierno abandonará la cachaza. Eso sí, los dirigentes populares, que sienten ya el riesgo de perder sus cargos, han puesto en marcha la ofensiva contra Ciudadanos. El año 2018 estará presidido por esa guerra sin cuartel. 

 La situación actual, tan tensa tan hirsuta, tan compleja, aconseja que los dos partidos de centro derecha, atendiendo al interés general, cierren una alianza para combatir a los que se esfuerzan por despedazar España. La impresión, sin embargo, es la contraria. PP y Ciudadanos parecen librar ya un choque de intereses para regocijo de sus enemigos.

 Luis María ANSON
 de la Real Academia Española

lunes, 8 de enero de 2018

ARTÍCULO PARA DON JUAN CARLOS





Luis María Anson, en el 80 cumpleaños del Rey Juan Carlos I, ha subrayado en un artículo publicado en El Mundo verdades como puños en torno al linchamiento público de la Infanta Cristina. Lo reproducimos a continuación. 


 Me encargó el Rey que acompañara a la Infanta Cristina en su primer acto público en la Universidad de El Escorial cuando la niña tenía 15 años. Desde entonces he seguido con especial interés su vida. Inteligente, sencilla, espontánea, solidaria, Doña Cristina ha sido la primera Infanta universitaria. El Monarca, con su sagacidad para saber dónde pueden estallar los problemas, la envió a Barcelona. Trabajó como empleada en La Caixa, no para hacer el paripé, sino cerca de veinte años con un sueldo discreto y un horario rígido. El socialista Luis Reverter, que debió ser ministro de Cultura, la tuvo a sus órdenes y cuenta de ella lo que en justicia se merece Doña Cristina. Al salir del trabajo, la Infanta atendía sus obligaciones de hija del Rey: audiencias, inauguraciones, actos sociales, culturales, benéficos, los mil compromisos de una mujer al servicio de España y de la Corona. 

 Asistí a su boda y celebré el nacimiento de sus hijos y su dedicación a la maternidad. Luego vino lo que vino. Un pseudo sindicato, Manos Limpias, dedicado a la extorsión, y una pseudo entidad financiera especializada en cobrar los chantajes, Ausbanc, la implicaron en el caso Nóos. Un juez, que aspiraba a estrella, José Castro, se regodeó en prolongar la instrucción y el linchamiento público de la Infanta. Podemos ofreció a este juez, de cuya independencia no hay que dudar, ser diputado por Baleares. No aceptó porque el CGPJ le había prolongado el mandato. Sí aceptó, y hoy es diputado de Podemos por Baleares, Juan Pedro Yllanes, de cuya independencia tampoco hay que dudar, y que era presidente de la Audiencia que sentó a la Infanta en el banquillo. Y la sentó porque Miguel Roca tuvo la inteligencia de no aceptar el chantaje de 3.000.000 de euros que Manos Limpias y Ausbanc exigían para retirar los cargos. La Infanta fue absuelta por la Justicia y a Pineda, de Ausbanc, a Bernad, de Manos Limpias, y a la abogada López Negrete, la Fiscalía les solicita 118 años, 21 y 11 respectivamente por los delitos presuntamente cometidos en la trama de chantaje a la Infanta.

 Conozco a Don Juan Carlos desde la adolescencia y, tras la muerte de Álvarez de Miranda, soy el único consejero del Consejo Privado de su padre que queda vivo. Mañana cumple 80 años el hijo de Juan III y he escrito este artículo como deferencia al Rey que, junto a Carlos I, Felipe II y Carlos III, ha encarnado uno de los cuatro reinados más importantes de la Historia de España. 

 Luis María ANSON 
de la Real Academia Española

miércoles, 3 de enero de 2018

TRÁFICO ESTRENA EL AÑO CON NUEVAS DIRECTRICES Las medidas de la DGT: más radares, nuevo examen del carné y plan contra reincidentes

TRÁFICO ESTRENA EL AÑO CON NUEVAS DIRECTRICES

Una nueva Ley de Tráfico, la adquisición de drones para controlar velocidad y distracciones y un plan para incentivar la renovación del parque de vehículos son otras de las medidas



El director general de Tráfico, Gregorio Serrano. (EFE)

 EC/AGENCIAS TAGS  .

Más radares en vías convencionales, incluidos los de tramo; publicación trimestral de la recaudación por sanciones de velocidad, un nuevo examen para obtener el carné y la retirada del permiso a los conductores reincidentes en alcohol y drogas, son algunas medidas que Tráfico pondrá en marcha durante este año. Y que 2017 se cerró con 1.200 fallecidos, una cifra muy superior a ejercicios anteriores. 

 Estas medida han sido presentadas por el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, en la rueda de prensa de balance de la siniestralidad vial de 2017 y en la que ha enumerado las medidas que se llevarán a cabo después de que 52 grupos de trabajo hayan debatido durante el pasado año sobre los diferentes aspectos de la seguridad vial.

Una nueva Ley de Tráfico, cuyo borrador la DGT enviará al Ministerio del Interior en febrero; la adquisición de drones para controlar velocidad y distracciones y un plan para incentivar la renovación del parque de vehículos son otras de las medidas anunciadas por Serrano. 

 Datos negros 

Por otro lado, un total de 1.200 personas han fallecido en 1.067 accidentes en las carreteras españolas durante 2017. Se trata de 39 muertos más y 28 accidentes más que en 2016, lo que supone un incremento en ambos casos del 3%, según ha desvelado el director general de Tráfico. Este cómputo sólo tiene en cuenta los fallecidos en vías interurbanas y los datos están contabilizados a 24 horas.

 Supone la peor cifra de víctimas mortales desde 2013, año en que se registraron 1.134 fallecidos, un 6 por ciento menos que en 2017. Serrano ha atribuido este ascenso en el ejercicio 2017 al "incremento importante" en el parque de vehículos y en los desplazamientos. Según ha señalado, se han registrado menos fallecidos en autopistas y más en carreteras convencionales (67 por ciento del total).


Un accidente de tráfico en Navarra. (EFE)

 En todo caso, 2017 se convierte en el segundo año consecutivo en que se incrementa el número de víctimas mortales en las carreteras después de 14 años seguidos de descensos en los fallecidos, si se tiene en cuenta el cómputo a 24 horas. El número de fallecidos en las carreteras ya superó al del total de 2016 el pasado 19 de diciembre. 

 Desde 2004, la siniestralidad vial ha ido disminuyendo año tras año, hasta que esta tendencia se rompió en 2016, con 30 fallecidos más que en 2015. Además, desde hace dos décadas no se producían dos años consecutivos de aumento en las víctimas mortales. 

 Entre los fallecidos, se han incrementado el número de ciclistas, con 44 muertos frente a los 33 de 2016; motoristas, con 240 frente a los 214 de 2016, así como los registrados en furgonetas y turismos. Sin embargo, han descendido, los peatones, con 91 frente a 120 en 2016. También han bajado los heridos hospitalizados, un total de 4.887, 336 menos que en 2016 (un 6 por ciento menos).


Según los jueces, la DGT sigue aplicando mal los márgenes de error de los radares

 Los tribunales estiman uno de cada tres recursos judiciales planteados por los ciudadanos contra multas impuestas por el organismo que gestiona el tráfico en España El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 18 de Madrid ha dictado una sentencia judicial en la que ha estimado el recurso planteado por los letrados de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en defensa de uno de sus socios, al que la Dirección General de Tráfico (DGT) había impuesto una sanción de 300 euros y la pérdida de dos puntos de su permiso de conducir por circular a 152 km/h por la R-2, a la altura del kilómetro 48, en la provincia de Guadalajara. El juzgado la ha reducido a tan sólo 100 euros sin detracción de puntos.

 Según indicaba la DGT en la denuncia, para la graduación de la sanción se habían tenido en cuenta los márgenes de error legalmente establecidos para la medición de la velocidad efectuada por el radar. Sin embargo, según se recoge en la sentencia, "la tesis de la parte actora es que si se aplicase el margen de error del cinemómetro utilizado, cifrado en un 5 % al tratarse de un dispositivo fijo, la velocidad imputada sería de 144,40 km/h, por lo que la cuantía de la sanción se reduciría a 100 €". 

 Para la resolución del caso, la sentencia reproduce la interesante doctrina fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en una sentencia de 2015, en la que se indicaba lo siguiente: 

 "A la sala no le cabe duda que esa velocidad fidedigna que sale en la pantalla del cinemómetro no es la real sino dentro de los límites del error admitidos ya que es lógico suponer que no existe una programación de los aparatos para que ya lleven inserto en sus cálculos tales márgenes cuando se les permite funcionar con ellos, o por lo menos esa corrección no consta. La consecuencia debe ser, pues, que si a esa velocidad de la pantalla no se le ha detraído el margen de error tolerable, el interesado y en este caso el Tribunal debe hacerlo por permitírselo la norma".

 Y aplicando la anterior doctrina jurisprudencial, al supuesto enjuiciado la sentencia concluye: "Podría admitirse la necesidad de reducir un 5% de la velocidad indicada en el cinemómetro, con lo que en lugar de 152 km/h, el vehículo denunciado podría considerarse que circulaba a 144,4 km/h. De esta manera la sanción a imponer no sería de 300 euros y retirada de 2 puntos del carnet de conducir, sino una multa de 100 euros".

 Esta nueva resolución judicial se une al rosario de sentencias dictadas ya por numerosos tribunales de toda España y avala la denuncia realizada en 2010 por la organización de defensa de los conductores AEA respecto del erróneo criterio sancionador que la DGT, el Gobierno Vasco, la Generalitat de Cataluña y más de una docena de ayuntamientos están aplicando desde entonces para sancionar los excesos de velocidad. Lo que hace la DGT, y lo comentaba en su cuenta de Twitter la semana pasada nuevamente, es que el radar se activa a la velocidad límite fijada a la que se suma el margen de error. Es decir, que en una zona de 100 km/h, con un margen de error de 7 %, el radar hace la foto a partir de 108 km/h. Sin embargo, lo que no se hace es aplicar el margen de error sobre la velocidad a la que se detecta al conductor. Si el radar mide con un error del 7 % si se detecta a un vehículo a 140 km/h, puede que en realidad circule a 130,2 km/h, pero la DGT sanciona por circula a los 140 km/h. Los jueces entienden que es un error lo que hace la DGT y por eso en una de cada tres multas de la DGT que llegan a los tribunales, estos sentencian a favor del conductor.

 Según AEA, un millon de multas 

La asociación AEA calcula que desde mayo de 2010 se han impuesto en España cerca de un millón de multas con importes y detracción de puntos superiores a los establecidos en la Ley de Seguridad Vial. Sanciones ilegales impuestas no sólo por la DGT, sino también por el Servei Catalá de Tránsit y por el Gobierno Vasco. "Sólo en el último año —indica el presidente de AEA, Mario Arnaldo— la DGT ha impuesto 285.137 sanciones por exceso de velocidad con importes y detracción de puntos por encima de lo que marca la ley. Esta cifra supone aproximadamente el 10 % del total de las denuncias formuladas por los radares fijos y móviles de la DGT en 2016”. 

 El pasado mes de enero, el Defensor del Pueblo formuló ya una sugerencia a la DGT instando a que revisara de oficio de expedientes sancionadores en los que no aparezca demostrado que en la velocidad captada por los cinemómetros se haya descontado el error máximo previsto legalmente.