domingo, 24 de septiembre de 2017

El coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos coordinará el 1-O


El coronel Diego Pérez de los Cobos en una imagen de archivo

El coronel Diego Pérez de los Cobos en una imagen de archivo (Foto: Efe)Desde 2011 director de gabinete en la Secretaría de Estado de Seguridad. 

El director de gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, actuará como "director técnico" de la Fiscalía para coordinar a Mossos, Guardia Civil y Policía.

 El Ministerio del Interior asume así la coordinación de las fuerzas de seguridad en Cataluña para impedir la celebración del referéndum.

 Pérez de los Cobos, de 53 años, ejerce desde 2011 como director de gabinete en la Secretaría de Estado de Seguridad, donde fue la mano derecha del anterior número dos de Interior, Francisco Martínez, y donde lo sigue siendo del actual secretario de Estado, José Antonio Nieto.

 Fuentes consultadas por Efe resaltan el perfil técnico de este coronel al que atribuyen directamente, entre otras decisiones, el haber dado orden a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional de disolver la polémica Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), que elaboró, bajo mandado del exnúmero dos de este cuerpo Eugenio Pino, informes sobre el 11M, Marta del Castillo o el caso Faisán. "Estará todo en las mejores manos", "es de lo mejor que hay en la Guardia Civil", subraya a Efe una fuente.

 A él le atribuyen directamente, entre otras decisiones, la orden a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía de disolver la polémica brigada que elaboró, bajo mandato del exnúmero dos del cuerpo Eugenio Pino, informes sobre el 11M, Marta del Castillo o el Faisán.

 El gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad que dirige está integrado en su totalidad por policías y guardias civiles, tal y como contempla el real decreto de la estructura orgánica del ministerio. Entre las principales tareas de este gabinete figuran las de desarrollar los planes directores y operativos de la Secretaría de Estado de Seguridad en materia de seguridad ciudadana, coordinando la actuación de Policía y Guardia Civil, así como de estos agentes con las policías autonómicas y policías locales.

 El ejercicio de este cargo le obliga a mantener una fluida interlocución con las policías autonómicas; no en vano, es uno de los cuatro representantes del Ministerio del Interior en la Junta de Seguridad de Cataluña, el órgano de coordinación policial entre ambas administraciones.

SE MOFAN DEL ESTADO



Luis María ANSON

Reproducimos a continuación un artículo de Luis María Anson en El Mundo ampliamente comentado en las redes sociales.

 Carlos Puigdemont, Oriol Junqueras, el pobre Arturo Mas y sus cómplices, a la vez que cometen delito de sedición preparando abiertamente un golpe de Estado, se mofan del Rey Felipe VI; se cachondean de Mariano Rajoy y de Soraya Sáenz de Santamaría; se pitorrean del Tribunal Constitucional y del Consejo de Estado; se pasan por el arco del triunfo a Cristóbal Montoro; hacen cuchufletas a los empresarios; se befan de las asociaciones de jueces; escarnecen a los catalanes que no piensan como ellos; se ríen en las barbas de los partidos constitucionalistas y se dedican en sus mítines a la guasa, la candonga, el ultraje, la chunga y la chirigota.

 No recuerdo precedentes históricos de semejante vejación a un Estado de Derecho. La opinión pública está atónita. ¿Hasta dónde se va a llegar, hasta dónde se va a consentir? Por fortuna, el buen sentido de los más ha eliminado temporalmente las críticas a Mariano Rajoy y se ha producido la unión de la inmensa mayoría de los que defienden la Constitución para combatir el órdago secesionista catalán y la convocatoria fuera de la ley de un absurdo referéndum sin la menor garantía democrática, al estilo del viejo estalinismo, del cinismo castrista o del regodeo chavista. La radicalidad totalitaria alienta bajo toda esta operación del soberanismo catalán que pretende fracturar 500 años de historia unida, a través del voto ilegal de unos pocos que intentan maquillar un golpe de Estado puro y duro.

 El presidente del Gobierno está actuando con moderación y con firmeza, si bien son muchos los que, apoyándole, esperan ya mayor contundencia. El Gobierno está cargado de razón. A nadie le extrañaría a estas alturas que aplicara el artículo 155 de la Constitución. Carlos Puigdemont, Oriol Junqueras y el pobre Arturo Mas han cruzado todas las rayas y se mueven en la chulería política, en la permanente agresividad y el taimado insulto. Los tres se consideran impunes. Y no se trata de responderles solo con la inhabilitación y las multas. Siempre amparados en la ley, habrá que suspender parcialmente la autonomía de la Comunidad catalana y poner a disposición de la Justicia a los presuntos delincuentes. Sectores muy sólidos de la opinión pública esperan que los jueces dicten sentencias ejemplares y que los sediciosos y los golpistas, se sienten, coño, durante largos años en sus celdas de la cárcel. Así ocurrió con los responsables del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

 No se debe perder el sentido de la proporcionalidad. Carlos Puigdemont, Oriol Junqueras, el pobre Arturo Mas y sus cómplices no pueden escaparse de rositas con inhabilitaciones inoperantes y multas que se pagan por suscripción colectiva o pública. Corresponde a los jueces pronunciarse sobre sus presuntos delitos y sentenciar a los sediciosos y golpistas con las penas de cárcel establecidas por la ley en nuestro Estado de Derecho.

 El pueblo español, en fin, asiste atónito al diario espectáculo, magnificado por los canales de televisión, de la burla a las instituciones estatales por parte de un sector de la clase política catalana, cercada, ya antes del órdago secesionista, por la corrupción, las mordidas y los desmesurados enriquecimientos.

 Luis María ANSON 
de la Real Academia Española

sábado, 23 de septiembre de 2017

El Gobierno agrupará a los Mossos en un único mando policial

El Ministerio del Interior creará un único mando que integrará a los agentes autonómicos, la Policía Nacional y la Guardia Civil, aunque insiste en que eso no supone que se retire competencias a los Mossos d'Esquadra El Ministerio del Interior ha asumido la coordinación de las fuerzas de seguridad en Cataluña, lo que no supone que se retire competencia alguna a los Mossos d'Esquadra, han informado a Efe fuentes ministeriales.

 Así lo ha solicitado el fiscal a la luz de los acontecimientos de esta semana y después de que Interior comunicara por carta al conseller de este departamento de la Generalitat, Joaquim Forn, el envío a Cataluña de unidades de Policía Nacional y Guardia Civil para apoyar a los Mossos d'Esquadra en el mantenimiento del orden público Este mecanismo de coordinación es, en lo esencial, el mismo por el que a los Mossos se les encomendó las actuaciones posteriores al atentado de Barcelona y Cambrils, han reiterado las fuentes





La Fiscalía abre la vía para juzgar en Madrid a los cabecillas de la movilización del 1-O

El Ministerio Público señala ante la Audiencia Nacional a los dirigentes de la ANC y Òmnium presentes en las protestas y disturbios contra los registros ordenados por el juez  

 POR BORJA RODRIGO - El Confidencial.com

Foto: Concentración frente al Palacio de Justicia de Barcelona, sede del TSCJ. (EFE)


 El Gobierno y la Fiscalía se han puesto en marcha para frenar la apuesta de los independentistas por la movilización y los disturbios callejeros contra las operaciones judiciales destinadas a impedir el referéndum ilegal del 1-O. El Ministerio del Interior envía a Cataluña más policías y guardias civiles (hasta 4.000) y el fiscal formula una denuncia ante la Audiencia Nacional por los disturbios de los días 20 y 21.

Es la vía para juzgar en Madrid a los cabecillas de esas manifestaciones y acampadas destinadas a obstaculizar las actuaciones ordenadas por la Justicia. También que son los mismos dirigentes de organizaciones como la ANC y Òmnium Cultural, claves en la movilización el día de la consulta.

 Ante la desarticulación judicial del equipo de responsables políticos y altos cargos de la Generalitat que preparaban el 1-O, los independentistas replicaron con la ocupación de la calle y el cerco a las instituciones donde la policía judicial investigaba. Y lo hicieron al mismo tiempo que el presidente del Gobierno, con el apoyo del principal partido de la oposición y de Ciudadanos les invitaban a renunciar a un referéndum inviable y volvieran "a la ley".

 Ahora, según lo anunciado por Mariano Rajoy desde el principio del desafío, el Estado da un paso gradual más para garantizar "el orden, la convivencia y la tranquilidad de los catalanes" amenazados por manifestaciones "tumultuarias". Es la definición empleada por el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, al anunciar al consejero Joaquim Forn el envío de refuerzos para "apoyar" a la policía autonómica y la misma repetida por el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, después del Consejo de Ministros. También es el adjetivo que configura el delito de sedición perseguible ya por la Audiencia Nacional.

Una mujer amanece en su tienda de camping, frente a la sede del TSJC. (EFE) Una mujer amanece en su tienda de camping, frente a la sede del TSJC. (EFE) 

Las concentraciones, con los conocidos episodios de violencia y obstrucción a la labor de la Justicia, se celebraron ante las consejerías donde se practicaron registros y ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La Fiscalía destaca que fueron llevadas a cabo "para impedir por la fuerza la actuación de las autoridades y sus agentes en el ejercicio de sus funciones en defensa del ordenamiento constitucional".

 La Fiscalía señala además a la Audiencia Nacional, con cargo, nombre y apellidos, el protagonismo en los hechos denunciados del presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y de su colega de Òmnium, Jordi Cuixart. El escrito refiere la actividad de Sánchez como organizador de turnos de voluntarios para dificultar la actuación de los agentes, reparto de chalecos entre esos voluntarios, arengas y consignas. Se detalla incluso que el jefe de la ANC se subió para lanzar sus proclamas a uno de los vehículos de la Guardia Civil destrozados por los separatistas

  La Sedición está castigada con penas de hasta 15 años en caso de cometerlo una autoridad y de hasta 10 años para los cabecillas de los tumultos

Dado que "son reos de sedición" quienes se alcen "pública y tumultuariamente" para impedir por la fuerza la aplicación de la ley o a la autoridad el ejercicio de sus funciones, la Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que investigue los hechos denunciados y proceda contra los responsables que sean identificados por la Guardia Civil. Será ahora el juez Ismael Moreno quien se ocupe de los organizadores de las movilizaciones y disturbios desarrollados esta semana en Cataluña y, previsiblemente, de las que vendrán en los próximos días. La sedición está castigada con penas de hasta 15 años en caso de cometerlo una autoridad y de hasta 10 años para los cabecillas de los tumultos.

  El Gobierno y la Fiscalía se han puesto en marcha para frenar la apuesta de los independentistas por la movilización y los disturbios callejeros contra las operaciones judiciales destinadas a impedir el referéndum ilegal del 1-O.

El Ministerio del Interior envía a Cataluña más policías y guardias civiles (hasta 4.000) y el fiscal formula una denuncia ante la Audiencia Nacional por los disturbios de los días 20 y 21. Es la vía para juzgar en Madrid a los cabecillas de esas manifestaciones y acampadas destinadas a obstaculizar las actuaciones ordenadas por la Justicia. También que son los mismos dirigentes de organizaciones como la ANC y Òmnium Cultural, claves en la movilización el día de la consulta.

 Fiscalía ve sedición en los incidentes del 20-S en Cataluña B. PARERA El Ministerio Público denuncia a la Audiencia Nacional los disturbios en las concentraciones de Barcelona Ante la desarticulación judicial del equipo de responsables políticos y altos cargos de la Generalitat que preparaban el 1-O, los independentistas replicaron con la ocupación de la calle y el cerco a las instituciones donde la policía judicial investigaba. Y lo hicieron al mismo tiempo que el presidente del Gobierno, con el apoyo del principal partido de la oposición y de Ciudadanos les invitaban a renunciar a un referéndum inviable y volvieran "a la ley".

 Ahora, según lo anunciado por Mariano Rajoy desde el principio del desafío, el Estado da un paso gradual más para garantizar "el orden, la convivencia y la tranquilidad de los catalanes" amenazados por manifestaciones "tumultuarias". Es la definición empleada por el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, al anunciar al consejero Joaquim Forn el envío de refuerzos para "apoyar" a la policía autonómica y la misma repetida por el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, después del Consejo de Ministros.

También es el adjetivo que configura el delito de sedición perseguible ya por la Audiencia Nacional. Una mujer amanece en su tienda de camping, frente a la sede del TSJC. (EFE) Una mujer amanece en su tienda de camping, frente a la sede del TSJC. (EFE) Las concentraciones, con los conocidos episodios de violencia y obstrucción a la labor de la Justicia, se celebraron ante las consejerías donde se practicaron registros y ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La Fiscalía destaca que fueron llevadas a cabo "para impedir por la fuerza la actuación de las autoridades y sus agentes en el ejercicio de sus funciones en defensa del ordenamiento constitucional". La Fiscalía señala además a la Audiencia Nacional, con cargo, nombre y apellidos, el protagonismo en los hechos denunciados del presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y de su colega de Òmnium, Jordi Cuixart.

El escrito refiere la actividad de Sánchez como organizador de turnos de voluntarios para dificultar la actuación de los agentes, reparto de chalecos entre esos voluntarios, arengas y consignas. Se detalla incluso que el jefe de la ANC se subió para lanzar sus proclamas a uno de los vehículos de la Guardia Civil destrozados por los separatistas. La sedición está castigada con penas de hasta 15 años en caso de cometerlo una autoridad y de hasta 10 años para los cabecillas de los tumultos Dado que "son reos de sedición" quienes se alcen "pública y tumultuariamente" para impedir por la fuerza la aplicación de la ley o a la autoridad el ejercicio de sus funciones, la Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que investigue los hechos denunciados y proceda contra los responsables que sean identificados por la Guardia Civil.

Será ahora el juez Ismael Moreno quien se ocupe de los organizadores de las movilizaciones y disturbios desarrollados esta semana en Cataluña y, previsiblemente, de las que vendrán en los próximos días.

 La sedición está castigada con penas de hasta 15 años en caso de cometerlo una autoridad y de hasta 10 años para los cabecillas de los tumultos. El TSJC ordena cerrar la web del referéndum con los colegios para votar el 1-O BORJA RODRIGO Ha acordado "adoptar las medidas técnicas oportunas para dejar de forma inmediata fuera de línea y deshabilitar cualquier acceso a través de las líneas de datos de la página web" Con esa labor centralizada en Madrid, los jueces ordinarios quedarán descargados de investigar los delitos más graves en que puedan incurrir los independentistas. La ACN que dirige Sánchez ya fue decisiva en la organización del 9-N y, junto con Ómnium, la CUP y las bases de ERC, forman la vanguardia del bloque independentista para dar apariencia de jornada electoral a la convocatoria del 1-O.

  La noche de la crispación en Cataluña tensión entre Guardia Civil y manifestantes

Los agentes de la Guardia Civil, que entraron hacia las ocho de la mañana de este miércoles en la conselleria de Economía, tuvieron dificultades a la hora de salir del edificio porque miles de personas seguían concentradas en el exterior e impedían su marcha. 

Al grito de "esta noche os vais sin coche", los manifestantes lograron bloquearles el paso durante horas, además de inutilizar hasta cuatro de sus vehículos.

 De hecho, los agentes llegaron incluso a comprobar con perros que no hubiera explosivos en los mismos y parte de los mismos no ha salido del edificio hasta primera hora de este jueves.

Esta noche os vais sin coche: así bloquearon los manifestantes a la Guardia Civil en la sede de Economía


La noche de la crispación en Cataluña en 10 fotos: tensión entre Guardia Civil y manifestantes

Así vivieron los guardias civiles su encierro en la Conselleria de Economía de Barcelona

En directo en la manifestación frente a la Conselleria de Economía en Barcelona

Declaración institucional de Carles Puigdemont

LOS VIOLENTOS, AL JUEZ Y A LA CÁRCEL





Luis María ANSON

¿Adónde hemos llegado?

 La institución más respetada de España, después de la Corona, la Guardia Civil, ha sido víctima de un atropello intolerable. Los violentos de la CUP y de Arran han asaltado tres vehículos oficiales, los han basureado, los han devastado, los han cubierto de mensajes ilegales, han robado las armas que en ellos permanecían y, además, han mantenido a los agentes retenidos durante varias horas en el edificio contiguo.

 El español medio permanece atónito ante el espectáculo. Está claro que el Gobierno de Rajoy no puede permitir la vejación a la Guardia Civil y que eso quede impune. Es necesario detener a los responsables que aparecen en vídeos y fotografías, interrogarles a fondo, ponerlos a disposición judicial y que el juez decida sobre el presunto delito cometido.

 A la CUP y a Arrán la independencia de Cataluña les importa poco. Lo que quieren es terminar con el orden social reinante, despedazar la Constitución y liquidar el sistema. Estamos ante la revolución comunista enmascarada. Por eso se les ha sumado Podemos, que es el Partido Comunista del siglo XXI y que ha engullido al Partido Comunista clásico.

 No se puede dejar la calle barcelonesa en manos de la CUP y Arrán. Si los Mossos d’Esquadra permanecen pasivos, habrá que arbitrar fórmulas, sin complejos ni debilidades, para que, respetando las libertades de expresión y manifestación, se impida la kale borroka, la violencia callejera de los energúmenos ultraizquierdistas. Luis María ANSON de la Real Academia Española

jueves, 21 de septiembre de 2017

Interior planea sustituir a los Mossos por su pasividad




Despliega más efectivos ante el temor a que la policía frene las investigaciones 

 Último aviso de Rajoy: "Están a tiempo de evitar males mayores" 

 El Ministerio del Interior ha puesto en marcha un complejo plan de seguridad ante el referéndum ilegal convocado por el Gobierno catalán para el próximo 1 de octubre. Así, según informaron a este periódico fuentes cercanas a los que han diseñado este despliegue, los responsables de la seguridad del Estado contemplan un incremento de policías y guardias civiles que podría llegar hasta los 3.000 efectivos. Estos agentes, que se sumarían a los que están ya destinados en Cataluña, deben convertirse en el eje principal de la seguridad en la comunidad autónoma.

 Un elemento relevante que justifica este importante incremento es que los especialistas de Interior contemplan la posibilidad de que los Mossos actúen con pasividad ante el 1-O. El refuerzo policial estaría destinado por tanto a paliar esta posible deficiencia. Ese despliegue se está realizando de forma escalonada, «en varias fases», en función de los «escenarios» que van planteando desde los organizadores del referéndum ilegal.

El plan elaborado por Interior se mantiene blindado. Los responsables de la seguridad del Estado tratan de que no haya fugas de información, ya que quieren evitar que se difunda una imagen de «toma» de Cataluña por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Ya durante las últimas semanas se han llevado a cabo movimientos de incremento de plantillas. Así, la Guardia Civil cursó instrucción para que los 200 agentes que participaban en la operación de verano en esta comunidad pospusieran su marcha y alargaran su operatividad en esta comunidad con motivo del 1-O.

 Además, el Gobierno ha ido desplazando a Cataluña unidades de intervención policial, los especialistas de la Policía Nacional encargados de garantizar el orden público. Los responsables de Interior tienen contemplado elevar el número de efectivos de estas unidades si fuera necesario y sumarles otros de los cuerpos similares de la Guardia Civil.

El dispositivo contempla también el envío de agentes especializados en investigación y en la elaboración de diligencias. Según explicaron las fuentes consultadas por EL MUNDO, responsables del área de Policía Judicial han buscado «voluntarios» tanto en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) como en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef) para participar en las investigaciones abiertas por la comisión de actividades delictivas por parte de los organizadores del referéndum.

Está contemplado poder desplazar en menos de 24 horas a Cataluña un contingente de agentes que estén acostumbrados a realizar diligencias de detención y a tomar declaración a imputados con celeridad para actuar bajo la cobertura de la Fiscalía y los tribunales.

Otro de los puntos donde este plan de seguridad hace incidencia es en la necesidad de incrementar el número de efectivos en Cataluña especializados en la protección de autoridades, ya que se trabaja sobre la hipótesis de que grupos radicales puedan intentar actuar contra figuras representativas de la oposición al referéndum, que ya han sido amenazadas públicamente.

La clave de estas actuaciones policiales estará en la Fiscalía. Los analistas de la seguridad del Estado temen que la actuación de los Mossos ante posibles actividades delictivas no cumplan las exigencias necesarias. De hecho, estos analistas han recibido información directa por parte de agentes de la Policía catalana en la que se les explica cómo algunos mossos pretenden bloquear las actuaciones judiciales.

Recuerdan estas fuentes que, tras recibir la orden de la Fiscalía para actuar contra los que traten de perpetrar el referéndum, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, trasladó el escrito a sus subordinados, con la instrucción de que las diligencias sobre todas y cada una de sus actuaciones sea remitida a la Comisaría de Información, que canalizará todas las diligencias.

Estos analistas han levantado la voz de alerta ante la posibilidad de que desde los Mossos no se envíe copia directamente de las actuaciones a la Fiscalía y que todo sea canalizado por Información, que principalmente se encarga de la lucha contra el terrorismo. Sospechan que se puede estar ultimando una maniobra para poner palos en la rueda judicial que no permitan avanzar en las pesquisas judiciales y que eviten posibles condenas. 

ALOJAMIENTO POLICIAL MARÍTIMO 



El Ministerio del Interior ha alquilado cuatro ferris, que recalarán en Barcelona y Tarragona, para dar hospedaje y apoyo al operativo de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña, que se prevé que triplique sus efectivos en los próximos días. Estaba previsto enviar alguno de estos ferris a Palamós, pero no ha sido autorizado por la autoridad portuaria, que en este caso depende de la Generalitat. No es el caso de Tarragona y Barcelona, que dependen del Gobierno central. Cada ferry tiene capacidad para albergar a 600 personas.

miércoles, 20 de septiembre de 2017

LLEGAN LAS DETENCIONES




Cumpliendo con las instrucciones de las autoridades judiciales y fiscales, la Guardia Civil detuvo ayer a una docena de presuntos sediciosos y, entre ellos, al número 2 de Oriol Junqueras. El Estado de Derecho descarga su peso sobre los secesionistas. La ley es ley para todos y la maquinaria de la Justicia se ha puesto en marcha.

 La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Nacional y de los Mossos d’Esquadra y, sobre todo, del CNI, está cumpliendo con su obligación en Cataluña. Su eficacia de actuación es proverbial. Y han comenzado las detenciones. Los presuntos delincuentes se pondrán a disposición del juez y será este el que decida al aplicar la ley.

 Hacía falta la contundencia de hoy. Multas e inhabilitaciones tienen poca eficacia. La cárcel, sin embargo, o la sombra de la misma, eriza los vellos de los secesionistas instalados en la sedición y la desobediencia. Los demócratas catalanes han mostrado su satisfacción por la acción de la Guardia Civil. Ya no se sienten desprotegidos. Se saben preteridos o amenazados pero tienen seguridad en la acción de la Guardia Civil.

 Las detenciones no han hecho más que comenzar. No afectarán a todos los que han desobedecido o prevaricado. Como ocurrió en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, son los principales responsables los que quedarán cercados por la Justicia. Un Estado de Derecho no puede consentir que unos cuantos políticos fragilicen las decisiones judiciales y se burlen de ellas. Las detenciones de hoy empiezan a aclarar muchas cosas.

 Luis María ANSON 
de la Real Academia Española