martes, 17 de octubre de 2017

Plata y plomo en Cerro Pasco: la mina del polvo envenenado



  Reportaje fotográfico / Javier Arcenillas  

 La plata son los ingresos que generan los minerales de Cerro de Pasco (Perú). Y el plomo, el veneno que contamina la sangre de sus hijos.

 Algunos se plantean una solución drástica: trasladar a sus 70.000 habitantes para seguir explotando el filón. 

Abrigo. Hoja de coca. Trago. los consejos se acumulan en la estación de autobuses. Cualquier recomendación es insuficiente para subir del nivel del mar a 4.338 metros. La presión contrae la cabeza. El frío anula los movimientos. La falta de oxígeno oprime los pulmones. Todo junto forma el soroche: un mal de altura bien conocido entre los peruanos. En Cerro de Pasco, en el centro del país andino, lo aluden a menudo. Sobre todo, al visitante. Algo que no suele suceder: pocos recaen aquí por gusto.

El amanecer sorprende en un pico montañoso donde el sol quema y el viento araña. Su núcleo urbano se despereza entre mototaxis, cafés filtrados en restaurantes lúgubres y algunos vendedores ambulantes forrados de alpaca. Como en una ciudad amurallada, las calles terminan en una verja cubierta de tierra y escombros. Al otro lado, un gigantesco agujero horadado por camiones que serpentean por imbricados caminos. El Tajo, lo llaman. Así, con mayúscula. Es la mina que ha hecho famoso este enclave de 70.000 almas. La más alta del mundo a cielo abierto y de dimensiones descomunales: dos kilómetros de largo por uno de ancho y 400 metros de profundidad. Su descubrimiento ha marcado la existencia del lugar. Y, como en cualquier historia inconclusa, aún no sabemos si para bien o para mal.

 Hasta ahora, las empresas encargadas de hurgar en la zona vivieron con la comodidad del apoderado. En esta montaña, como en el Potosí boliviano, el destino tenía el color del oro, la plata y los otros minerales como el zinc o el cobre, que se extraían con solo rascar. La riqueza envolvió una tierra pobre y conjuró a su población a la dependencia del subsuelo. El desarrollo era tan goloso que incluso se planteó el traslado de todo el término municipal a 15 kilómetros de distancia para continuar mordisqueando la calzada. La moneda estaba en el aire.

  Y sigue allí. Todo permanece en duda: incluso los 2,3 millones de soles (593.000 euros) que firmaron para comprar los edificios colindantes y construir otros nuevos. Mientras, una población envejecida y aquejada de los problemas que da la extracción de metales se enfrenta a un nuevo futuro: los niños crecen con tóxicos en la sangre y las compañías responsables rebañan los restos antes de dejar la región.

 La laguna, que antes reflejaba las nubes, ahora luce verde, expele un hedor nauseabundo y está plagada de carteles que ahuyentan al visitante con grandes exclamaciones. Un dilema que está reformando el tejido social y cambiando alguna de las codiciosas mentalidades que ascendieron a este enclave. 

Plata en el bolsillo o plomo en el organismo. Y no hablamos en lenguaje narco.

 La historia viene de lejos. En 1630 se descubrieron sus entrañas. En el siglo XVIII y XIX se convirtió en una urbe humilde y cosmopolita. Una suerte de tesoro de Sierra Madre donde la Pasco Copper Corporation, filial estadounidense, aterrizó en 1901. La alternancia posterior de grupos mineros y gobiernos poco preocupados por el medio ambiente esquilmó un 30% del territorio metropolitano. Gran parte de sus vecinos vendía su salud por unos salarios algo mayores que en el resto de Perú. Y ni a día de hoy es fácil convencerles de que les den la espalda a condición de un futuro mejor: libre de contaminación, basado en el largo plazo.

«Nos hemos acostumbrado a vivir así: unos van a la mina, otros a la escuela», comenta desde su despacho el teniente alcalde, Martín Solís Adrianzen. «Nadie se va a hacer cargo del cambio, a financiar una reestructuración. Pasco ha aprendido a manejarse en este mundo», suspira, imprimiendo una ley de 2008 en la que se declara la «necesidad» de «medidas» para «reducir el impacto medioambiental y proteger la salud, así como definir el proceso de reubicación». Cosa que, adivinen, no ha pasado.

   Comprobamos sus profecías con Eva Blas. A sus 54 años, es una de las personas que se resisten a abandonar su espacio en este entramado. Con un puesto de chocolatinas, gaseosas y frutos secos en la puerta de El Tajo, la vendedora recuerda cuando desfilaban hasta 5.000 personas por delante del quiosco, que atiende desde hace 28 años. «Venían de cualquier sitio», sonríe. «Ahora no quedan ni 300. Y ésta es mi única fuente de ingresos. Me preocupa la contaminación, pero no tenemos muchas más cosas». 

La hora del almuerzo se aproxima y es cierto: pocas cuadrillas con mono y casco apuran la sopa que se sirve en los alrededores de Paraxa, boca de entrada a ese agujero insondable. Juan Solís Argueta perteneció a ese tumulto del que hablaba la taciturna Blas. Se pasó de los 21 a los 27 años internándose en la mina 12 horas al día por 45 soles (12 euros). Ahora, con 30, se dedica a la agricultura. Papas, maíz, habas. Bajaba con otros 3.000 compañeros hasta que el trajín se frenó. Con las dudas de la mudanza de la localidad, capital de una provincia con 150.000 habitantes, se redujo la plantilla, se paralizaron las tareas más intrusivas y se optó por el relave, es decir, por aprovechar las últimas partículas de mineral que quedaban en la superficie. A lo que hoy se dedican los conductores de esos camiones sinuosos y los que sorben refrescos con los guantes puestos.

Eso no quiere decir que no siga esparciéndose por la atmósfera un polvo maldito. La faringitis y la rinofaringitis son la causa principal de mortalidad en los más ancianos, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Cerro de Pasco, de 2016. Y aunque la silicosis no sea de los mayores temores para los recién incorporados, que alaban la seguridad o las nuevas medidas para la protección física y medioambiental de su plantilla, sí lo es la cantidad de plomo que se almacena en la sangre.

Pasa del suelo a los pulmones. O a la comida. O a las manos. Y llega al organismo de los más vulnerables: entre gestantes y niños de hasta 12 años se cuentan 117 personas contaminadas, incluidos 40 casos graves, según una tabla de la Dirección Regional de Salud (Diresa). 

«Puede penetrar de tres formas: por inhalación, por conductos orales o por la piel», explican Karina Valentín y Cindy Calzada, de 35 y 32 años, que se encargan de la prevención con sesiones educativas y de higiene. «Es lo único que se está haciendo. Ni siquiera hay una unidad especial para los tratamientos, y eso que llevamos meses reclamándola. Estamos en declaratoria de emergencia», lamentan después de varios años en el cargo. 


Saben a lo que se refieren en el Centro de Salud Uliachin, donde varias madres aguardan los resultados de un análisis que les saque de dudas. Sus hijos acuden con somnolencia, cefaleas, complicaciones neurológicas, perturbaciones en el sistema nervioso central o falta de atención. Aquí les toman muestras y determinan el impacto. El tratamiento suele consistir en complejos vitamínicos. A veces en balde, pues el sueldo no les llega: sus habitantes apenas llegan al salario mínimo, 230 euros al mes.

Nos pasamos el día preocupados. El miedo siempre está latente. Algunos de sus compañeros tenían harto plomo», dice Verónica Aguedo, de cara agrietada y espalda curva a sus 34 años, mientras sujeta a tres niñas de 2, 8 y 10 en la calle del hospital. Una de ellas orina de repente, sin previo aviso, separando con sus torpes brazos las capas de ropa andrajosa. Muy cerca, el Colegio 6 de Diciembre celebra un día festivo después de varias jornadas de huelga docente. En toda la provincia, el número de alumnos en Primaria suma 37.177, es decir, unos 10.000 menos que hace 10 años. «El que puede se va, aunque nosotros no tenemos casos clínicos», adelanta César Torres, el director desde hace ocho años, mientras hace guardia en el patio, abierto para los críos de los que no se podían hacer cargo sus padres. 

«La gente acá no crece», escupe. «La gente acá se marcha y desaparece». El problema, masculla, es que el gobierno se olvidó de Cerro de Pasco. «En las colonias se cogían minerales a menos de cinco metros. Y, claro, eso era muy tentador. Pero nadie se preocupó por el desarrollo sostenible», repite enfadado, rememorando cómo sufre cada vez que hay una campaña para testar a sus 520 alumnos. «Ellos tienen anemias o enfermedades contagiosas, pero los adultos contraen policitemia», apunta como afectado: la médula ósea se trastorna y produce una mayor cantidad de glóbulos rojos, pudiendo ocasionar ictus o embolias. «Aquí nadie debería trabajar más allá de los 50 años», protesta quien necesita salir de su lugar de residencia cada cierto tiempo a zonas de menor altitud. «Paso fines de semana o vacaciones en la playa para normalizar mi sangre».

¿Qué hacer? Un corro encabezado por Natalia, de 26 años, responde que desde hace meses filtran el agua, obligan a sus niños a lavarse las manos, les advierten de que no hay que tocar cosas. Los registros presentan una mortalidad infantil de 21 casos por cada 1.000 (en España no llega a cuatro). «Lo más peligroso es jugar con la tierra», arguye enfadada. «Nos iríamos ahora mismo. Porque cuando vives aquí al principio lo ves normal, pero luego te indignas: crees que se gana más por las minas, pero hay despidos y para la salud o el medio ambiente es trágico. Lo único que crece es la quinoa, una semilla muy fuerte».

 De pocas palabras, los maridos escuchan y asienten. En una ronda rápida se observa cómo sus experiencias se repiten. Prácticamente, todos han pasado por la mina y ahora han mutado a chóferes, labriegos o pequeños comerciantes, nuevo retrato de la economía del lugar. Manosearon el subsuelo. Si no en El Tajo, en localidades cercanas como Colquijirca, donde aún extraen plata, plomo, zinc y cobre entre raíles exteriores y una compleja red de túneles. El acceso allí está prohibido y cada trabajador debe presentar su tarjeta antes de franquear la valla. La mayoría tiene estudios superiores. Desempeñan cargos técnicos. Pocos tocan directamente las 22 toneladas de mineral que se sacan al día.

 «Usamos guantes, botas, protector auditivo y ocular, casco y respirador», relata José Paterno Bustamante, de 52 años, que ha pasado por varios agujeros y recuerda El Tajo como el lugar más duro. A pesar de que un arco de bienvenida les honre como Capital minera. O de que el parque principal adorne sus árboles con una figura de un trabajador de la mina y sus accesorios. Su memoria no le traiciona: a este pueblo le cayó una maldición. Igual que a los oficios relacionados con el sector, en plena reconversión. 



 Aún se desconoce si habrá traslado futuro. Si se formará otra malla industrial. Un dilema que una nonagenaria que vende periódicos no se atreve a resolver, si bien lo fulmina de una tacada: «Cerro de Pasco está muerto. Lo que no sé es por qué no lo estoy yo».

PUIGDEMONT SE SIGUE MOFANDO DE RAJOY



Luis María ANSON

 Lleva muchos meses tomándose a chanza la Constitución, las leyes del Reino, las posiciones de Mariano Rajoy y las debilidades de una parte de su Gobierno. Es un político botarate. O mejor aún, un trilero de la política dispuesto siempre a hacer trampas y engañar al interventor. Arropado por Oriol Junqueras, el pobre Arturo Mas, el presunto traidor José Luis Trapero y la taimada Carmen Forcadell, el presidente de la Generalidad ha contestado a Mariano Rajoy abofeteándole con delectación en el rostro.

 Hace ya muchos meses que el presidente de gobierno debió poner en marcha el artículo 155 de la Constitución porque está obligado a cumplir y hacer cumplir la ley. Con tanto esperar, le han puesto al borde del precipicio y ahora no tiene más remedio que activar el mandato constitucional y es de desear que lo haga con eficacia y contundencia.

 Se terminaron las componendas, las inseguridades, las concesiones y los pasteleos. La política del “no hacer nada porque el tiempo lo arregla todo y lo mejor es tener cerrado el pico” ha fracasado. Carlos Puigdemont se le ha subido a las barbas a Mariano Rajoy. El presidente se ha cargado de razones, tratando de evitar el conflicto, y se ha llegado al límite.

 La opinión pública nacional, que ha reaccionado llenando el país de banderas, está expectante ante la reacción de Mariano Rajoy. El presidente se juego el puesto y España mucho más: la continuidad de la unidad territorial, tras cinco siglos de vida en común. 

 Luis María ANSON 
de la Real Academia Española

lunes, 16 de octubre de 2017

PUIGDEMONT SE SIGUE MOFANDO DE RAJOY




Luis María ANSON

 Lleva muchos meses tomándose a chanza la Constitución, las leyes del Reino, las posiciones de Mariano Rajoy y las debilidades de una parte de su Gobierno. Es un político botarate. O mejor aún, un trilero de la política dispuesto siempre a hacer trampas y engañar al interventor. Arropado por Oriol Junqueras, el pobre Arturo Mas, el presunto traidor José Luis Trapero y la taimada Carmen Forcadell, el presidente de la Generalidad ha contestado a Mariano Rajoy abofeteándole con delectación en el rostro.

 Hace ya muchos meses que el presidente de gobierno debió poner en marcha el artículo 155 de la Constitución porque está obligado a cumplir y hacer cumplir la ley. Con tanto esperar, le han puesto al borde del precipicio y ahora no tiene más remedio que activar el mandato constitucional y es de desear que lo haga con eficacia y contundencia.

 Se terminaron las componendas, las inseguridades, las concesiones y los pasteleos. La política del “no hacer nada porque el tiempo lo arregla todo y lo mejor es tener cerrado el pico” ha fracasado. Carlos Puigdemont se le ha subido a las barbas a Mariano Rajoy. El presidente se ha cargado de razones, tratando de evitar el conflicto, y se ha llegado al límite.

 La opinión pública nacional, que ha reaccionado llenando el país de banderas, está expectante ante la reacción de Mariano Rajoy. El presidente se juego el puesto y España mucho más: la continuidad de la unidad territorial, tras cinco siglos de vida en común.

 Luis María ANSON 
de la Real Academia Española

sábado, 14 de octubre de 2017

OPINIÓN GENERALIZADA EN LA RECEPCIÓN DEL 12 DE OCTUBRE: LOS GOLPISTAS CATALANES A LA CÁRCEL



Luis María ANSON

En los últimos años he declinado la amable invitación del Jefe de la Casa del Rey para asistir a la recepción en el Palacio Real del 12 de octubre. Este año me pareció una cuestión de sentido nacional estar presente a pesar de que la edad no aconseja recepciones de tan larga duración y tan pesada concurrencia. “El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan y, con todo esto, llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir”, escribió Cervantes al prologar su última obra Persiles y Sigismunda. 

 Tuve ocasión durante la recepción en Palacio de conversar con un centenar de personalidades diversas. Las opiniones que escuché fueron muy varias pero todas ellas coincidían en un punto: “Hay que poner a disposición de los jueces a los golpistas catalanes y sobre todo a sus dirigentes, Carlos Puigdemont, Oriol Junqueras, José Luis Trapero y Carmen Forcadell, los cuales, presuntamente, han cometido delitos de sedición y rebelión, y tal vez de alta traición. 

 El clamor de la opinión cualificada que escuché en el Palacio Real se elevaba sobre los mármoles y las piedras viejas del hogar histórico de todos los españoles. Claro que no se puede simplificar. Al “hay que encarcelarlos” habrá que añadir que con respeto a la ley, con los matices y veladuras que la prudencia aconseja. Y, sobre todo, con respeto a lo que la Justicia decida.

 En todo caso, habrá que convenir que el alud de banderas que recorrieron las calles y las que cuelgan de los balcones de infinidad de casas de Madrid responden a la reacción del sentimiento español, avivado por la extraordinaria intervención del Rey Felipe VI que habló a los españoles desde la realidad histórica. Y lo hizo con la claridad y la energía que la situación exige. Sin concesiones, sin blandenguerías, sin pasteleos indecorosos.

 Luis María ANSON 
de la Real Academia Española

jueves, 12 de octubre de 2017

DIÁLOGO, SÍ, PERO NO CON PUIGDEMONT







Tras la grotesca pantomima en el Parlamento de Cataluña, hay algo que ha quedado muy claro. Carlos Puigdemont no es un interlocutor válido. Se puede y se debe dialogar para normalizar la situación y para convocar en su día elecciones autonómicas y que los catalanes acudan a las urnas de verdad y no a las de Gila. Pero Carlos Puigdemont ha cometido presunta y continuadamente delitos de sedición y rebelión, y tal vez de alta traición. El Gobierno, que debe cumplir y hacer cumplir la ley, está en la obligación de poner al presidente de la Generalidad a disposición de los jueces. Y con él, a Oriol Junqueras, al pobre Arturo Mas, al presunto traidor José Luis Trapero y a la taimada Carmen Forcadell. 

 El Estado de Derecho no puede dialogar con los golpistas. Todo lo contrario. Su deber es meterlos en la cárcel si los jueces sentencian que son reos de los graves delitos de los que se les acusa. La ambigüedad de Carlos Puigdemont, en su comparecencia del martes, se debe a que está tratando de eludir la cárcel. Sabe que ha cometido un delito gravísimo. 

 Tras demostrar su fortaleza democrática, el Gobierno de Rajoy podría ordenar, como ha exigido Albert Rivera, que se celebren elecciones autonómicas en Cataluña. Tras ellas, resultará adecuado y aconsejable la negociación con las nuevas autoridades para, dentro de la Constitución, estudiar fórmulas flexibles que superen hostilidades e incomprensiones, con el fin de que los catalanes se sientan satisfechos en el conjunto del Estado español. La gigantesca manifestación del domingo, con las intervenciones, ciertamente espléndidas, de Mario Vargas Llosa y de Josep Borrell, demostró la fuerza de la mayoría silenciada por Carlos Puigdemont, sus cómplices y sus medios de comunicación. Demostró también la conveniencia de atender las aspiraciones del pueblo catalán para que su integración de cinco siglos en la unidad de España continúe siendo beneficiosa para todos. 

 Luis María ANSON 
de la Real Academia Española

miércoles, 11 de octubre de 2017

La declaración de independencia, en vivo | Rajoy comparecerá tras el Consejo de Ministros




El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dejó en suspenso la independencia de Cataluña tras proclamarla en una confusa y tensa jornada, abriendo la puerta a negociaciones con el Gobierno español que las rechazó de plano. Tanto es así que la primera reacción de Mariano Rajoy ha sido convocar un Consejo de Ministros extraordinario previo a su comparecencia esta tarde en el Congreso.

 El propio presidente del Gobierno será el que comparezca ante la prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. Su declaración está prevista para las 12.00 horas.

Rajoy activa la maquinaria para tumbar la 'declaración trampa' de Puigdemont



El presidente del Gobierno convoca un Consejo de Ministros extraordinario para estudiar medidas de réplica, las mismas que tenía previstas en previsión de la proclama soberanist


Mariano Rajoy responderá este miércoles a la declaración de independencia con freno (suspensión provisional) pero sin marcha atrás que anunció Carles Puigdemont en el Parlamento autonómico catalán con el fin de alargar el proceso secesionista y buscar una "internacionalización del conflicto". El presidente del Gobierno convoca un Consejo de Ministros extraordinario para estudiar medidas de réplica, las mismas que tenía previstas en previsión de esa proclama del presidente de Generalitat "en diferido": constitucionales como la aplicación del artículo 155 y legales complementarias como la Ley de Seguridad Nacional.

La 'declaración trampa', que queda más en evidencia con el texto suscrito después por los partidos del bloque independentista para poner en marcha la república nacionalista catalana, aspira a añadir incertidumbre y confundir a los partidarios del diálogo por encima de todo con tal de que se acepten las vulneraciones de la Constitución, las leyes y la convivencia en Cataluña. Ese es el primer análisis que hizo el Ejecutivo después de asistir al último espectáculo de Puigdemont en la Cámara catalana.



"Sin volver a la ley y a la democracia no cabe mediación ni diálogo", advirtió la vicepresidenta, Soraya Sánz de Santamaría, antes y después de oír al jefe del Ejecutivo autonómico en su confuso anuncio de "asumir" primero la proclamación de independencia fruto del referéndum ilegal del 1-O, dejarla en suspenso segundos después para dialogar (desde los delitos consumados) y firmar después con sus aliados separatistas un compromiso de ponerla en marcha después. 

En La Moncloa, donde desde el principio hablaban de 'declaración trampa', constataron después la intención de Puigdemont de ganar tiempo y buscar complicidades dentro y fuera de España para presentarse como el primer partidario del diálogo que Pedro Sánchez propugna como salida al conflicto. Pero lo hacía sin dar un paso atrás, sin renunciar a sus leyes de ruptura impuestas en la Cámara catalana. Era un trágala que no 'compró' ni su principal destinatario: el PSOE. 

 Pese a las claras palabras del presidente de la Generalitat al respecto, desde el PSC cuestionaron incluso que Puigdemont hubiera proclamado la independencia. El Gobierno, el PP y Ciudadanos entendían lo contrario, y las tres asociaciones de fiscales suscribieron un comunicado en el que sostenían además que se había consumado "el golpe al Estado de derecho y al régimen de libertades de todos los ciudadanos, fracturando el orden constitucional básico para una convivencia pacífica".

 Rajoy llamó a La Moncloa a Pedro Sánchez para analizar el último movimiento de los secesionistas y volver a recabar su apoyo para las medidas que apruebe el Consejo de Ministros. Después de la breve declaración de Sáenz de Santamaría para descalificar la maniobra de Puigdemont y de la visita del secretario general de los socialistas, su número dos, José Luis Ábalos, se sumaba a las críticas constitucionalistas a la impostura del presidente de la Generalitat. El dirigente del PSOE anotaba el proceder del independentista al hablar de diálogo y exigir al tiempo por escrito una negociación bilateral entre estados, desde fuera de la ley y sin darle forma jurídica alguna con el fin de evitar las responsabilidades legales y penales. 

 Sáenz de Santamaría anunció que el Consejo de Ministros procederá a tomar medidas de réplica al nuevo paso dado por Puigdemont y que procurará buscar el máximo consenso sobre las mismas entre los partidos que apoyan al Gobierno frente al desafío independentista, el PSOE y Ciudadanos. A falta de comprobar hasta dónde llega la discrepancia entre la opinión de Sánchez y la posición del PSC, Rajoy puede acometer hoy el primer trámite de aplicación del artículo 155 de la Constitución, como es requerir formalmente a Puigdemont para que cumpla las leyes que viola, o intervenir las competencias sobre el mando de la policía autonómica catalana por la vía de la Ley de Seguridad Nacional. También podría apostar por las dos al mismo tiempo, dadas las pruebas acumuladas contra los mandos de los Mossos sobre sus prácticas sediciosas (implicación en el golpe del día 1-O) y el hecho de que el Senado tardaría algunos días en aprobar la intervención general de la Generalitat.